Hace 80 años. Manifiesto por la Memoria de las víctimas de la carretera Málaga-Almería

Manifiesto elaborado por las Asociaciones de la Memoria de Almería, Málaga y Granada, leído en la clausura de la IV Muestra de Cine de la Memoria La Desbandá.

El domingo 7 de Febrero de 1937 el ejército rebelde a la República con el apoyo militar del fascismo italiano entró en la capital malagueña, provocando el pánico entre la población civil y la masiva huida de unas trescientas mil personas hacia la retaguardia republicana.  Comienza así la mayor catástrofe humanitaria de la guerra de España, preludio de las brutales evacuaciones de población civil que los ejércitos nazis llevaron a cabo  en los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial.

Frente a los mitos creados por la propaganda franquista, no se trató de una acción colectiva irracional o inducida por las autoridades republicanas. Por el contrario, la huida fue la lógica respuesta de una población que conocía sobradamente el régimen de terror y de represión indiscriminada que las tropas rebeldes imponían en los pueblos que iban ocupando en su avance hacia Málaga. El forzado éxodo hacia la zona republicana revela un acertado conocimiento de la esencia militarista y violenta de la marea fascista que llegaba. Dicho de otro modo,  huyeron porque sabían lo que les esperaba y, por tanto, fue un acto de resistencia colectiva, de rebelión ante el destino indigno que les ofrecía el bando sublevado.

A lo largo de cinco días, largas e inermes columnas de grupos familiares, hombres, mujeres, ancianos y niños fueron bombardeados y ametrallados por mar y aire, ocasionando miles de víctimas civiles hasta su llegada a la ciudad de Almería. Allí, en la supuesta seguridad alcanzada, se perpetra el último crimen de guerra que narra como singular testigo el doctor Norman Bethune, a quien debemos gratitud y reconocimiento eterno:

“Como si no fuese bastante haber bombardeado y cañoneado a esa procesión de campesinos inermes a lo largo de su caminata interminable, el día 12 de Febrero, cuando el pequeño puerto de Almería estaba atestado de gente refugiada, cuando la población se había duplicado, cuando aquellas cincuenta mil personas exangües habían llegado al sitio que creían un abrigo seguro, los aeroplanos fascistas, alemanes e italianos, desataron sobre la población nutrido bombardeo…Deliberadamente arrojaron diez bombas en el centro mismo de la ciudad, donde, amontonados en el pavimento, dormían exhaustos los refugiados”.

Como responsable de esta masiva violación de los derechos humanos,  el franquismo ocultó este bárbaro episodio a la opinión pública internacional y al propio pueblo español. Después, el pacto de la Transición se construyó sobre la impunidad de los perpetradores y la indefensión de las víctimas, manteniendo en la desmemoria y el olvido colectivo el crimen de la carretera Málaga-Almería.

Ante la falta de compromiso del Estado democrático, fueron las víctimas, las asociaciones memorialistas y la sociedad civil quienes asumieron la tarea de recuperar la memoria  de lo ocurrido, para que la ciudadanía andaluza y española pudiera conocer las dimensiones de esta tragedia humanitaria, homenajear a sus víctimas y condenar a los causantes. Fruto de este esfuerzo colectivo fue la erección en 2005 del primer memorial como homenaje a las víctimas, y la celebración en 2007 de la primera marcha como recuerdo del atroz camino emprendido por los huidos. A partir de aquí, se ha ido consolidando y ampliando un movimiento cívico y memorialista basado en la pluralidad ideológica y la convergencia unitaria para acciones y propuestas concretas, fruto de lo cual es el presente manifiesto.

Hoy día, tras cuarenta años de democracia, reconociendo los avances y las iniciativas tomadas en los últimos años por los poderes públicos, sigue sin responderse plenamente desde las instituciones políticas democráticas a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del ataque a la población civil refugiada o residente  en Málaga en febrero de 1937.

Por la Memoria de las víctimas, 80 años después de aquel trágico Febrero no es posible esperar más, es hora de convertir las palabras en hechos.

Exigimos al Estado democrático, representado por el gobierno y el parlamento de la nación, por la Junta de Andalucía y los municipios, que asuman el deber público de memoria, teniendo en cuenta las siguientes demandas:

  1. Reconocer que la persecución y los múltiples asesinatos ejecutados durante la  huida de la población civil desde Málaga a Almería entre el 7 y el 12 de febrero de 1937 son constitutivos de delitos de Lesa Humanidad, por tratarse de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que suponga asesinato, deportación o traslado forzoso de la población, desapariciones forzadas y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos, tal como se establece en el  Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles precisamente por la impunidad de la que se dotan los autores de los delitos más graves, por lo que permanecen sus consecuencias penales (art.29  Estatuto).
  2. Es preciso el cumplimiento de los tres mandatos fundamentales del cuerpo de doctrina internacional contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad: derecho a saber la verdad, derecho a la justicia y reparación suficiente a las víctimas. Estas tres obligaciones de los Estados constituyen la esencia y el compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos. La impunidad constituye una infracción flagrante de las obligaciones internacionales de los Estados según el derecho internacional de los derechos humanos.
  3. Los hechos que se producen en la huida son constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, deportaciones, desapariciones forzadas y exterminio enmarcados en un ataque sistemático contra la población civil (art. 7 Estatuto) por lo que todas las autoridades tienen la obligación de investigar y depurar los hechos sucedidos.
  4. El gobierno de España tiene obligación de cooperar con la justicia argentina donde se trata la única causa abierta en estos momentos sobre estos crímenes contra la humanidad, en aplicación del principio de jurisdicción universal (art.23 LOPJ).
  5. El Parlamento y el Gobierno andaluz tienen el deber de memoria hacia las víctimas y  es preciso su reconocimiento solemne y público.
  6. Es urgente la elaboración  de un censo oficial de víctimas y desaparecidos del crimen de la carretera de Málaga-Almería,  de acceso público. Asimismo, el poder público andaluz debe acometer la tarea de realizar un mapa de fosas de LA DESBANDÁ, que incluya las rutas interiores alejadas de la costa, y un plan de exhumaciones.
  7. La creación de un Centro Memorial de la Huida de Málaga a Almería, con proyección social y educativa -tal y como se ha hecho en otros territorios europeos en los que la población civil ha sufrido violaciones masivas de derechos- como toma de conciencia de las nuevas generaciones de lo que supuso la violencia y el militarismo antidemocrático. Es el deber de memoria para evitar la repetición de hechos similares.
  8. La promulgación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía debería constituir un impulso fundamental y definitivo para llevar a cabo estas reivindicaciones, junto a otras posibles y necesarias, como seguir señalizando como Lugares de Memoria determinados espacios vinculados a la Huida, de especial significación por los episodios de represión o resistencia que en ellos tuvieron lugar.
  9. Reivindicar la memoria de las víctimas de la carretera de Málaga a Almería  por los valores que defienden y salvaguardan la dignidad inherente a todo ser humano: Igualdad, Justicia, Libertad.

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