MEMORIA DEMOCRÁTICA

El 18 de julio de 1936 se producía el golpe militar contra el Gobierno de la República. Como consecuencia, y en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, se desencadenó la Guerra Civil, que acabó destruyendo el Estado Republicano que pretendía llevar a cabo la necesaria reforma agraria y que estaba culminando nuestro primer reconocimiento como autonomía. Para Andalucía, la República supuso el empeño de modernizar y hacer más justas sus arcaicas estructuras económicas, junto con el intento de superación del secular dominio ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica.

Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española, como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática. Desde esa perspectiva, es necesario recordar con toda su complejidad y su trágico desenlace los valores y principios políticos y sociales que presidieron ese período.

La Guerra Civil de 1936-1939 fue la culminación de un proceso que puso fin a la democracia, al programa de reformas impulsado por la Segunda República y a la cultura democrática que había arraigado en la ciudadanía andaluza. Constituyó una enorme sangría para el pueblo andaluz. La represión y la violación de los derechos humanos durante el período bélico y en la posguerra revistió una extrema dureza, siendo los trabajadores, las trabajadoras y las fuerzas de la cultura, junto con las organizaciones políticas y sindicales que los representaban, las principales víctimas de la misma. Aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional fueron comunes durante la guerra y la posguerra, junto con la resistencia en las sierras andaluzas y en algunos núcleos urbanos de grupos guerrilleros que pervivieron hasta bien entrada la década de los cincuenta del siglo XX. Las décadas de los sesenta y setenta supusieron una modificación de las formas de dominación de la Dictadura, aunque la violencia siguió presente como forma última de imposición del franquismo.

El Estado surgido como consecuencia de la Guerra Civil fue condenado en 1946 por las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones, entre ellas la Resolución 39 (I) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1946, en donde se declara que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini». Se trata por tanto de un régimen ilegal en virtud de su ilegítima procedencia. En consecuencia, esta ley pretende avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de este régimen ilegal, lo que debe suponer la aceptación del imperio de la ley y del ordenamiento jurídico español en el marco interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución española.

Consolidado ahora el proceso democrático y nuestra autonomía, es el momento de preservar la memoria de la ciudadanía y de las entidades de todo tipo que, en las duras condiciones de un régimen dictatorial de cuarenta años, pusieron por delante de cualquier otra consideración personal o familiar el objetivo de recuperar las libertades arrebatadas por la Dictadura franquista, con el sacrificio del trabajo, de la integridad física o de la vida. 

El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas.

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