Tuvieron que transcurrir treinta y dos años desde la muerte del dictador Francisco Franco para que viera la luz la conocida como Ley de Memoria Histórica impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, veintiocho de ellos en democracia. Diez años más hubieron de transcurrir para que Andalucía promulgara su Ley de Memoria Histórica y Democrática en 2017. Dos normas que, cada una en su ámbito, pretenden, en términos generales, el reconocimiento de las víctimas de la guerra provocada por el golpe de Estado de 1936 y por la dictadura franquista durante los siguientes cuarenta años.El alcance de estas normas es dispar. Mientras que la Ley de 2007, además de las limitaciones de su propio texto, está derogada de facto, ya que los gobiernos del Partido Popular la han dejado de dotar presupuestariamente desde su llegada al poder en 2011, la Ley andaluza, más ambiciosa en sus objetivos, está dando sus titubeantes primeros pasos con su desarrollo normativo.
Estas dos Leyes y las normas existentes en la mayor parte de las comunidades autónomas son el principal intento del régimen democrático surgido con la Constitución de 1978 para establecer de algún modo una política pública de Memoria. Sin embargo, sus consecuencias y los resultados obtenidos son desalentadores en todos los sentidos y, de un modo particular, en dos de sus aspectos: hacer justicia y reparar a las víctimas o a sus familiares más de ochenta años después de que, en algunos casos, se produjeran esos hechos. De este modo, España es el único país de Europa occidental en el que han podido darse circunstancias como que una pastora señale el lugar donde se encuentra una fosa perdida en la que yacen los cadáveres de numerosos soldados republicanos ejecutados a sangre fría después de rendirse, o de decenas de personas civiles asesinadas por sus ideas políticas o por las de sus familiares o, simplemente por no dar su apoyo entusiasta a la sublevación militar. Nadie conoce lo ocurrido, salvo ella porque lo vio cuando tenía ocho años.
No es un caso que pueda darse en Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, países que sufrieron mucho durante la segunda guerra mundial. En estos países nunca fue preciso que se produjera la movilización de una parte de la sociedad civil para que surgiera una campaña de búsqueda de miles de fosas olvidadas en que se cebó la venganza de los vencedores. Menos comprensible aún es que esa movilización o las actuaciones llevadas a cabo para localizar las fosas y la sencilla aspiración de los familiares de las víctimas de devolverles su dignidad y darles sepultura haya chocado con una resistencia a ultranza por parte de los poderosos con argumentos de la categoría “reabrir heridas del pasado”. En general, en Europa occidental el pasado, por muy terrible que haya sido, forma parte de la historia asumida. Hasta los SS tuvieron derecho en los países europeos occidentales a una sepultura decente.
Estamos ante un agujero negro de la democracia en nuestro país señalado reiteradamente por organismos internacionales y organizaciones humanitarias, que pone en evidencia la resistencia de los herederos del franquismo instalados en todos los ámbitos de poder no solo a que se haga justicia y que se repare a las víctimas sino, también, a pretender ocultar la verdad y, sobre todo, a extender a toda la sociedad y a la opinión pública que estamos ante un tema menor en el que es mejor no hurgar. Saben lo que hacen. Y lo que dicen. Por ello, se esmeran en la utilización perversa del lenguaje cuando hablan de «un pasado olvidado» o de la «necesidad de mirar hacia adelante», o de «reabrir viejas heridas» (cuando las heridas siguen abiertas en los cuerpos de miles de desaparecidos en fosas y cunetas). Se trata, de este modo, de imponer un marco de pensamiento que, desgraciadamente, con múltiples complicidades, logra instalarse en gran parte de la población.
Por eso nuestro empeño, el de las asociaciones de la memoria, por luchar contra el olvido y la injusticia que sigue sometiendo a las víctimas del franquismo y a sus familiares a esta situación humillante, desde el convencimiento de que el Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Por que “la vida ha de ser vivida mirando hacia delante, pero solo puede ser comprendida mirando hacia atrás”.
Con esa voluntad, un año más, afrontamos la organización de los actos en recuerdo y homenaje a las víctimas de La Desbandá, que tendrán lugar entre los próximos días 5 y 13 de febrero en Motril, Salobreña y otras localidades de la Costa. Diversas actividades de carácter cultural y reivindicativo que pretendemos que cuenten con el interés ciudadano y contribuyan a desenterrar el olvido para avanzar hacia un país decente, hacia un país mejor.
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