Un año después de su aprobación, su falta de aplicación, de compromiso y de voluntad política para hacerla efectiva por parte de ayuntamientos, de instituciones supramunicipales y comarcales, encabezadas por el gobierno de la Junta de Andalucía, resulta clamorosa.
Las Cortes Generales aprobaron hace un año la Ley 20/2022 de Memoria Democrática que declara el 31 de octubre como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura.
La asociación memorialista de la Costa de Granada deplora que en ciudades como Motril, y en otra localidades de la comarca, permanezcan inalterados elementos contrarios a la memoria democrática como escudos, insignias, placas y objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realizan menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, y de las unidades civiles o militares de colaboración con el régimen franquista.
Además, en la capital de la Costa, permanecen denominaciones de calles y edificios públicos dedicados a militares golpistas, colaboradores del régimen, o simbólicos del golpe de estado y de la dictadura, como la calle Crucero Baleares, Alcázar de Toledo o Capitán Haya, entre muchas otras, y de centros de enseñanza como Julio Rodríguez y Garvayo Dinelli.
Critica que la Corporación motrileña mantenga de forma contumaz, en contra de la legalidad, la medalla de oro al dictador Francisco Franco y rechace con la mayoría de su gobierno de las derechas cualquier iniciativa para eliminar la simbología franquista de sus calles y los numerosos vestigios que permanecen en diferentes espacios públicos, y en definitiva la condena de la dictadura franquista.
A juicio de la Asociación 14 de Abril, conforme a la Ley estos vestigios suponen un menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo y corresponde a las administraciones públicas su inmediata retirada.
La asociación memorialista reclama mayor atención y respeto hacia los Lugares de Memoria que, en muchos casos, se ignoran y se hacen desaparecer sin miramientos en diversas actuaciones urbanísticas borrando parte de nuestra historia más reciente.
A la vez, pide actuaciones decididas en la incorporación de aquellos lugares que, en determinados casos, a pesar de estar identificados y existir constatación de distintos episodios documentados de persecución, represión y tortura contra combatientes y opositores al régimen franquista en diferentes localidades durante el largo tiempo en que se extendió su dictadura, no tienen esta consideración al no estar reconocidos como tales, como es el caso del Fuerte de Carchuna, el campo de concentración localizado en la fábrica azucarera de San José en el Puerto de Motril o la cárcel de Motril ubicada en “Los Hospitalicos”. y el centro de detención de la plaza de la Tenería.
Otro aspecto en el que es necesario actuar, según se sostiene desde la Asociación 14 de Abril, es el de la localización e identificación de los desaparecidos, la mayoría en fosas comunes, para dar respuesta a la legítima demanda de sus familiares que, aún hoy, ignoran su paradero, además de impedirles darles digna sepultura, y poner fin, de este modo, a la existencia de miles de desaparecidos en España, una anomalía democrática que revictimiza a sus familias.
En este sentido desde la asociación se señala que la memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra y de la Dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, es un signo de la calidad de la democracia y un deber ético de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo.